Si bien el perdón del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se concentró en 2015 en adeudos de consorcios reconocidos, también lo hizo con empresas de las que no hay ningún rastro. 18 mil millones de pesos, los que alcanzarían para cubrir el ingreso de un millón 377 mil 906 hogares mexicanos, no le fueron cobrados a 45 empresas de las que no hay ningún registro ni institucional ni privado.
Por Alejandra Padilla, Linaloe R. Flores y Daniela Barragán
SEXTA PARTE | Ver aquí PRIMERA PARTE | Ver aquí: SEGUNDA PARTE | Ver aquí: TERCERA PARTE | Ver aquí: CUARTA PARTE | Ver aquí: QUINTA PARTE
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– No tienen rastro. El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía no las tiene en su registro. De ellas, tampoco se encuentra domicilio ni número telefónico. Pese a su falta de visibilidad en el universo empresarial consiguieron la cancelación de sus adeudos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
45 empresas sin ninguna huella en los registros institucionales y privados recibieron la indulgencia para dejar de pagar en conjunto 18 mil 242 millones 108 mil 502 de pesos.
Un hogar mexicano tiene como ingreso promedio 13 mil 239 pesos al mes, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). De modo que la cifra en cancelaciones de créditos fiscales a empresas sin visibilidad alcanzaría a cubrir un millón 377 mil 906 hogares.
La Unidad de Datos de SinEmbargo analizó una lista de 7 mil 108 empresas que el Centro de Investigación y Análisis Fundar obtuvo a través de los mecanismos de Transparencia del Gobierno federal. Se encontró que los perdones mayoritarios tocaron a consorcios importantes o políticos reconocidos por su influencia. Casas Geo y Elba Esther Gordillo son algunos nombres que arrojó esa lista.
Pero otro hallazgo fue que entidades sin visibilidad en el universo empresarial obtuvieron la indulgencia. En una muestra de las cien con mayores montos, 45 no cuentan con datos a los que se pueda recurrir para localizar a su directiva. Tampoco puede escribirse su historia que de cuenta cómo nacieron, cómo se desarrollaron y si tuvieron un fin.
Estas razones sociales tenían deudas por créditos fiscales que van de 88 millones de pesos a 2 mil millones. El dinero se reparte en nombres como Hilados y Maquilados de Aztec S.A. de C.V., que debía 2 mil 426 millones 940 mil 798 pesos; Comercializadora y Asesoría Planet S.A. de C.V., que tenía un adeudo por mil 860 millones 569 mil 788 pesos; Textiles y Acabados Nafta S.A. de C.V., que no pagó mil 599 millones 326 mil 757 pesos, y Comercializadora Almirantes S.A. de C.V., que adeudaba mil 556 millones 800 mil 484 pesos.
Otros nombres son los de Zitkala S.A. de C.V., con 677 millones de pesos; Soluciones Farmacéuticas S.A de C.V., con 634 millones de pesos; Grupo Textil Pedrero, con 576 millones de pesos; Silver Ring, con 557 millones de pesos; Activos Empresariales de México S.A. de C.V., con 516 millones de pesos, y SEFCP Fundamentales en la Capacitación Patronal, con 501 millones de pesos.
Una búsqueda en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) arrojó que sólo una de estas 45 empresas recibió contratos gubernamentales en la última década. Se trata de Comercializadora Almirantes S.A. de C.V., que firmó dos convenios: uno provino de una adjudicación directa del Instituto Mexicano de la Cinematografía (Imcine) en febrero de 2012 –cuando en la Presidencia estaba Felipe Calderón Hinojosa– y el contrato fue 38 mil 277 pesos por venta de material para impermeabilización.
El otro fue el 7 de mayo de ese mismo año. Con este convenio, la Secretaría de Marina adquirió tres mil cajas de cartón por 26 mil 130 pesos.
***
ADEMÁS:
Lizandro Núñez Picazo, Administrador General de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dice en entrevista que ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce que hay modus operandi muy identificados por medio de los cuales algunas empresas y personas físicas son capaces de no pagar impuestos. La emisión de facturas falsas es uno. Otra es la constitución de empresas ex professo.
Por lo pronto, de las listas del SAT no se conoce dónde están las empresas con este perdón millonario. Mucho menos se conocen las razones del Sistema para disculparles deudas. Tanto las historias empresariales como los mecanismos con los que pagan y dejan de pagar impuestos son desconocidas.
Daniel Márquez Gómez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estima que “la palabra clave es corrupción. [Las sin rastro] son empresas creadas de manera consciente que encuentran una permisibilidad en la Ley o una inacción de la autoridad fiscal para no darle a la Secretaría de Hacienda lo que tiene derecho a percibir”.
En 2015, el año que el SAT otorgó estos perdones a este tipo de empresas, México estaba hundido en el sótano de los países que menos recaudaron entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El promedio de ingresos tributarios en el conjunto de América Latina ascendió a 18.4 por ciento del Producto Interno Bruto y el de los países de esa organización a 26.3 por ciento. El de México fue sólo de 9.5 por ciento, según esa organización internacional.
“Los impuestos no son un derecho que tiene el fisco mexicano a percibir, como establecen algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es una contribución que nosotros damos como ciudadanos para que el Gobierno realice sus actividades, para que pueda funcionar legalmente”, expresa Daniel Márquez.
Márquez Gómez, especialista en Derecho Fiscal en la Universidad de Morelos, precisa que la defraudación fiscal consiste en que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones fiscales a través de mecanismos dolosos. Es decir, “cuando son constituidas de manera ilegítima para evadir el pago de impuestos. Sin embargo, el análisis debe ser caso por caso, porque también puede ocurrir que por ignorancia se incumpla con las leyes fiscales”.
El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, y con atribuciones y facultades ejecutivas. Cobijado en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, esta autoridad ha empleado el llamado “secreto fiscal” que ordena a todo el personal oficial que interviene en los diversos trámites fiscales a guardar “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros. Así lo marca su propia ley. Y suena muy bien en términos de seguridad y protección de datos.
Pero en la última década, el “secreto fiscal” se convirtió, más bien, en un candado para la información. Esta normativa impide ver más allá de las razones sociales que fueron perdonadas sin que se les identifique en algún registro.
“No se puede conocer todo. Hasta la fecha, la Ley de Transparencia nos obliga a publicar el nombre del contribuyente, su RFC y el monto condonado. Estamos tratando de encontrar un equilibrio para saber qué datos le puedo dar a la sociedad sin que viole el secreto fiscal”, dice el Administrador General de Recaudación del SAT, Lizandro Núñez Picazo.
Los créditos fiscales son cancelados “cuando es más costoso seguir administrando la deuda que lo que recuperaríamos de seguir con ella”, explica Lizandro Núñez Picazo.
¿Qué hace el SAT para no llegar a este punto? ¿Cuándo deja de intentar recaudar una deuda? De acuerdo con Núñez Picazo, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica la deuda y le da un plazo al contribuyente para que la pague o impugne la clasificación en la que está ahora incluida: la de contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
La cancelación de créditos fiscales implica que el SAT dejará de intentar recuperar el dinero que una empresa o persona física le debe. Esto sucede cuando la autoridad fiscal comprueba que el deudor no puede pagar o cuando el monto de la deuda es menor al monto que sería necesario invertir para cobrarla.
